La congresista y actual candidata al Senado Milagros Jáuregui fue denunciada ante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lesiones graves por comisión por omisión, en agravio de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual acogidas en un albergue vinculado a su entorno. La denuncia sostiene que, en su condición de gestora o responsable del refugio, habría omitido garantizar el acceso al aborto terapéutico legalmente reconocido, generando una afectación psicológica grave.
La denuncia fue presentada por la candidata a diputada, Gahela Cari Contreras ante el despacho fiscal de turno de Lima. En el documento se identifica como denunciada a «Milagros Jáuregui Martínez, congresista, con domicilio funcional en el Congreso de la República, Lima», así como «contra los que resulten responsables, incluidos funcionarios públicos, personal directivo, administrativo o profesional que, por acción u omisión, hubieran participado en los hechos»
En la relación de hechos, Cari señala que, según declaraciones difundidas en medios de comunicación, Jáuregui «habría reconocido su participación directa en la gestión o dirección de un albergue o casa de refugio que recibe niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, algunas de ellas embarazadas como consecuencia de violación».
Asimismo, se indica que, de acuerdo con dichas manifestaciones públicas, el albergue recibiría niñas de entre 10 y 13 años derivadas por entidades estatales como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y/o juzgados de familia, lo que, según la denuncia, evidenciaría «una coordinación institucional y un control fáctico sobre la situación de especial vulnerabilidad de dichas menores».
Uno de los ejes centrales del documento es la presunta asunción de una «posición de garante». La denuncia sostiene que la investigada «habría asumido un rol activo y sostenido en la recepción, permanencia y acompañamiento de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual embarazadas, colocándose en una posición de garante respecto de su integridad física y mental».
La denuncia añade que, según las declaraciones públicas difundidas, «las niñas habrían sido inducidas o forzadas de facto a continuar con el embarazo», sin que se activaran evaluaciones independientes que permitieran determinar una eventual afectación grave a la salud mental ni se ofreciera «una posibilidad real y efectiva de acceder a la interrupción legal del embarazo».
La denuncia sostiene que esta omisión no sería un hecho aislado, sino parte de «una práctica institucional sostenida», en la que se excluiría de manera sistemática la alternativa del aborto terapéutico.
Entre las diligencias requeridas figuran: recabar entrevistas y registros audiovisuales difundidos por medios; oficiar al MIMP y a juzgados de familia sobre derivaciones de niñas embarazadas al albergue denominado Refugio Casa del Padre; inspeccionar el establecimiento; disponer evaluaciones psicológicas con reserva de identidad; y requerir información al Ministerio de Salud sobre eventuales solicitudes de aborto terapéutico vinculadas a los casos.
En paralelo, Milagros Jáuregui declaró en entrevista con la periodista Milagros Leiva que no renunciará a su candidatura al Senado. «No he hecho nada malo. Pido perdón por la ofensa que muchas personas han sentido producto de una foto que yo no coloqué», señaló.
Renovación Popular no avala fotos difundidas
Por su parte, el partido Renovación Popular difundió un comunicado en el que precisó que no comparte ni avala «lo ocurrido en un evento organizado por una congregación, donde se expuso de manera indebida a niñas provenientes de un albergue», y afirmó que dicho hecho «no representa los valores ni la línea de nuestro partido».
El pronunciamiento añade que «bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado con fines políticos, simbólicos o de exposición pública», y expresa disculpas por la situación.
MIMP dispone supervisión
Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó, mediante comunicado, que dispuso de manera inmediata acciones de supervisión y verificación en el Centro de Acogida Residencial (CAR) Hogar Refugio La Casa del Padre, de administración privada, con el fin de establecer si se cumplieron los estándares de atención y protección integral; la entidad precisó que actuará conforme a ley.
